MCG | El nuevo contrato social, un salto cualitativo de la democracia
15724
post-template-default,single,single-post,postid-15724,single-format-quote,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

El nuevo contrato social, un salto cualitativo de la democracia

Todos los indicadores sobre el comportamiento económico y social de la RD la perfilan como un país que se encamina hacia la conformación de una fuerte clase media en el futuro cercano.

— El nuevo contrato social, un salto cualitativo de la democracia

La RD crece por encima del promedio en AL, para el presente año se proyecta un crecimiento promedio para la región de un 3% mientras que, según las mismas proyecciones, nuestro país crecerá un 5%, dos puntos porcentuales de crecimiento constituyen una diferencia significativa y una oportunidad para la generación de desarrollo sobre todo cuando, salvo algunas excepciones de periodos breves, este desempeño es consistente con el comportamiento de las últimas décadas. No obstante al compararse con otros países de la región en condiciones comparables de ingreso “… sobre la base de una serie de brechas estructurales (pobreza, desigualdad, inversión y ahorro, productividad e innovación, infraestructura, educación y salud, fiscalidad, género y medio ambiente) que dificultan el crecimiento sostenido, igualitario e inclusivo…” 1 . La RD (justo en el nivel medio en la brecha de ingreso) aparece liderando la brecha de innovación y en una posición importante en las brechas de infraestructura, educación y fiscalidad.

La dificultad para traducir el crecimiento en desarrollo no es una situación particular de la RD que, junto a Chile, es probablemente el país con mayor consistencia de crecimiento de la región, sin embargo, a pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, la inequidad y el medioambiente, persisten problemas estructurales cuya vigencia no se puede ya explicar a partir del ingreso bajo. Todo indica que la RD se encuentra atrapada en lo que se ha denominado “trampa del ingreso medio” y que caracteriza a un sinnúmero de países que han rebasado los niveles de ingreso necesario para poder ofrecer un panorama de desarrollo social muy superior a que presentan (medido a partir de las referidas brechas). Tal como sentencia la CEPAL citando varios pensadores “La trampa del ingreso medio (TIM) afecta a la mayoría de las economías de la región, y solo Chile, Trinidad y Tobago y Uruguay han conseguido escapar de ella. A medida que los países de ALC alcanzan niveles de ingreso medio, el crecimiento puede experimentar una desaceleración duradera, asociado habitualmente a la necesidad de encontrar nuevos motores de crecimiento económico para avanzar hacia niveles más altos de ingreso.

Estos motores han de estar basados en manufacturas intensivas en capital y en competencias, y en las industrias de los servicios (Kharas y Kohli, 2011; Kumar y Galope, 2017)” 2 . Hay dos factores esenciales para escapar de esta “trampa”, el primero lo constituye una transformación de la economía, particularmente de sistema productivo hacia esquemas de mayor agregado, lo cual a su vez implica la transformación de los vectores productivos (financiamiento, seguridad jurídica, productividad de la mano de obra, tecnología, innovación, calidad, otros). El segundo elemento lo constituye la calidad institucional, que se concretiza en la pertinencia, transparencia y efectividad de las políticas públicas y la gestión
reguladora.

1 CEPAL, Los países de renta media: Un nuevo enfoque basado en brechas estructurales. Nota de la Secretaría, Santiago de Chile, 2012


2 2 idem

Esa asociación de la economía y la institucionalidad no es nueva, pero muy pocas veces ha generado intervenciones con carácter sistémico, para muestra basta recordar las reformas económicas de los años 90, las que en ningún caso se acompañaron de nueva institucionalidad y más tarde las reformas a los sistemas de seguridad social, salud y educación, que tampoco transformaron sustancialmente las relaciones público-privadas ni afectaron significativamente la institucionalidad creada con anticipación a las reformas.

Estas características del abordaje (parcial y disgregado), asociadas también a procesos participativos deficientes, han conducido a resultados por debajo de las posibilidades reales de la economía, inferiores a las expectativas sociales y a problemas en la sostenibilidad de las políticas sectoriales implementadas en cualquier caso (ver p.e. indicadores de acceso, cobertura y calidad de estos sectores). La RD enfrenta por tanto la tarea de repensar su institucionalidad mediante un proceso significativamente más sistémico, abarcador y participativo que cualquier intento previo y al mismo tiempo está en el deber de priorizar las intervenciones bajo una perspectiva ciudadana que tienda a legitimar el propio proceso de cambios y a garantizar sus sostenibilidad.

Como resultado neto de ese proceso es razonable esperar una institucionalidad que responda a consensos sociales relevantes, que se ciña plenamente a nuestra legalidad administrativa (en términos generales moderna y apropiada), que se convierta en eje catalizador de desarrollo, equidad e inclusión y asegure la efectividad y la calidad del gasto y la inversión. La reforma por tanto debe responder a la necesidad de cerrar las brechas esenciales para avanzar en la implementación de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, particularmente en las metas relativas a la “pobreza, desigualdad, inversión y ahorro, productividad e innovación, infraestructura, educación y salud, fiscalidad, género y medio ambiente” 3 .

No en vano nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) plantea la conformación de: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.” Y en consecuencia consigna como primer Objetivo General “la conformación de una Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados”.

Este proceso por tanto, tiene múltiples dimensiones (políticas, jurídicas, administrativas, territoriales, económicas), una naturaleza compleja y demanda un abordaje sistemático, progresivo y participativo, lo cual conduce necesariamente a alguna forma de pacto social de largo y amplio alcance. Desde el punto de vista estrictamente administrativo, los objetivos de esta reforma encuentran su principal ancla jurídica en el artículo 138 de nuestra carta magna que establece: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

3 idem

Esta sola declaración constituye un activo clave para la conducción de ajustes en nuestro cuerpo administrativo de gran transcendencia institucional. Pero, si no fuere suficiente con ello, estos principios también son objeto de tratamiento en la Ley Orgánica de la Administración Pública cuando establece: “ el Estado dominicano como Social y Democrático de Derecho conlleva a una transformación de la relación Estado-Sociedad que reorienta la finalidad esencial de la Administración Pública a la satisfacción del interés general, así como a la realización efectiva de los derechos de las personas, exigiendo, además, que sea una administración más transparente, más participativa, más cercana, menos arbitraria y siempre colocada al servicio del ciudadano y la ciudadana”

Y más adelante, en su artículo 12, esta Ley precisa los principios que regirán la organización de nuestra Administración Pública, entre los cuales destacan: principio de coordinación y colaboración; principio de funcionamiento planificado, evaluación del desempeño y de los resultados; principio de eficacia de la actividad administrativa; principio de racionalidad; principio de rendición de cuenta y principio de transparencia entre otros.

Sin una Administración Pública fundamentada en estos principios y estrategias, sin un arquitectura institucional que facilite la interacción virtuosa Estado-Sociedad, sin una institucionalidad viva que sea capaz de adecuarse continuamente a las necesidades cambiantes de una sociedad que aspira a mayores niveles de calidad de vida, sin un cuerpo de servidores competentes, formados y estimulados a generar servicios de alto valor agregado y sin un escenario que privilegie los comportamientos apegados a principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas, nuestras estrategias de desarrollo están condenadas a fracasar y por tanto nos será imposible superar la trampa de la renta media, perdurarán nuestras brechas estructurales y mantendremos nuestra tendencia histórica de crecer sin desarrollarnos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.