El nuevo contrato social, un salto cualitativo de la democracia.

05 Sep El nuevo contrato social, un salto cualitativo de la democracia.

Todos los indicadores sobre el comportamiento económico y social de la RD la perfilan como un país que se encamina hacia la conformación de una fuerte clase media en el futuro cercano.

Más allá de la clasificación económica basada en umbrales absolutos de ingreso, el concepto de clase media como segmento predominante, refiere un cambio paradigmático en la cultura ciudadana, que transformará el prisma con que hoy aceptamos “lo que sucede” de una manera significativa, muchos de los comportamientos que hoy consideramos “normales” no serán ya tolerados, me refiero a manifestaciones como la corrupción, la violencia, la exclusión, la discriminación, la agresión al medio ambiente, la precariedad en la provisión de servicios, el nepotismo y otras.

Una nueva cultura de “lo público” necesariamente surgirá como consecuencia del impacto de en la vida política de las generaciones nacidas en la última década del siglo XX y la primera del XXI, más saludables, educadas, informadas y activas en la exigencia de sus derechos, lo cual empujará el nacimiento de nuevo demandas y consecuentemente nuevos modelos de gestión, más abiertos, dinámicos, efectivos y
democráticos.

En el menor de los casos, esta transformación tenderá a limitar, sino erradicar, la cultura corporativista en la cual el gobierno y sus instituciones son un coto de la política profesional y del sistema partidario. Lo que se observa en América Latina, es que mientras más crece la clase media más volátil se torna el “corralito político e institucional” predominante. Las redes de intereses que se superponen a los fines del estado social y democrático, el clientelismo y el nepotismo, causales originarias del subdesarrollo, están condenados a desaparecer porque la sociedad que los engendró está sufriendo un cambio de paradigma jamás pensado y el cual no puede ser controlado desde el poder
establecido.

La influencia de ese fenómeno afectará considerablemente el modelo de gobernanza predominante, transformará la agenda política e impactará en las formas tradicionales de participación política, ya que tal y como plantea el medio digital El Mercantil “El sistema actual de partidos políticos prioriza a su mercado electoral, dando preferencia a quienes los patrocinan, generalmente desde la clase alta, y a quienes tienen la mayoría del voto, el segmento pobre. De ahí la razón por la que su presencia y atención ante la clase media sea escasa, mientras se prodigan con actividades proselitistas y populistas en núcleos amplios de población más rentables electoralmente” 1 el modelo actual ya no es sostenible.

La dificultad que se le presenta a la “clase política” para pactar su propia perpetuación es un síntoma inequívoco de lo que ocurre, esto queda evidenciado, por ejemplo, en lo ocurrido con el conocimiento del proyecto de Ley de Partidos y Organizaciones Políticas, con lo cual queda claro que entre las organizaciones políticas y la sociedad se ha generado una brecha difícil de “saltar” apoyándose en las garrochas
tradicionales.
1 1 http://www.elmercantil.com.do/un-analisis-de-la-clase-media-dominicana/

Por supuesto que las mentes más claras e informadas del sistema político saben lo que ocurre y van a tratar de persuadir sus correligionarios de la necesidad de adecuar el modelo a las nuevas circunstancias como única salida para asegurar la supervivencia de su posición dominante. No obstante, la presión para que se “abran” espacios de modernidad de nuestra sociedad es imposible de detener, de manera especial surge un escenario importante para una actualización institucional relevante, por suerte nuestra propia constitución señala el camino cuando plantea en su artículo 8 que “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas y corresponde por tanto al Estado Dominicano la responsabilidad de garantizar el acceso a bienes y servicios públicos con estándares de calidad que satisfagan las necesidades esenciales de sus ciudadanos”.

Ese diseño constitucional encuentra un obstáculo insalvable en el arreglo institucional establecido, incapaz de dialogar horizontalmente con la ciudadanía, orientado a satisfacer las necesidades de la partidocracia en detrimento de su misión esencial, por tanto no puede cohabitar la institucionalidad actual con una sociedad más empoderada de sus derechos y activa en la demanda por más libertad, más equidad, más
eficiencia.

Con consecuencia de esta silente revolución, provocada por una generación que no tiene temor en romper los arreglos de convivencia de sus predecesoras, surgirán las condiciones para un nuevo contrato social. Esto obligará a repensar las instituciones para sostener las nuevas relaciones.

Para que esta renovación del contrato social se materialice y sostenga tendrá que morir el patrimonialismo, el nepotismo y el clientelismo y todas sus manifestaciones y prácticas (pobreza estructural, corrupción, impunidad), por supuesto también la cultura política que lo ha parido y la sociedad que lo sostenía.